Concesiones para un nuevo Chile

Carlos Cruz

La industria de las concesiones en el Chile de hoy no goza de buena reputación. Si bien se reconoce su gran aporte al desarrollo de la infraestructura nacional desde principio de los 90, en los últimos meses han surgido reparos al rol que debe desempeñar. Esta apreciación se refiere prioritariamente a las concesiones viales, matizada por los conflictos tarifarios que han surgido en relación con su expresión urbana. La última encuesta CADEM, en la que se sitúa a la industria de las concesiones como una de las peores evaluadas, sólo por sobre las AFP y las isapres, entre los 27 sectores prestadores de servicios públicos.

El problema es que esta es una industria fundamental para el desarrollo futuro del país. Chile no puede recuperar la senda de un desarrollo sustentable y centrado en la calidad de vida de las personas después de la pandemia, el estallido social y la profunda crisis económica que nos afecta, sin un plan contundente de inversión en infraestructura con mirada de largo plazo, al cual necesariamente deberá concurrir el sector privado.

Nuestro país enfrentará dificultades en las finanzas públicas como consecuencia de los altos niveles de endeudamiento, de la baja en la recaudación esperable y de la creciente presión por destinar cada vez más recursos a gasto corriente en desmedro de la inversión. En este contexto, el financiamiento privado para las necesarias inversiones en infraestructura de uso público es irrenunciable, y para ello, es fundamental recuperar la confianza en el aporte que los privados pueden hacer en el proceso de desarrollo que como un país diferente deberemos asumir.

Un tema que ha surgido con fuerza en la Comisión Económica de la ONU para Europa es colocar a las personas en el centro de las preocupaciones de la industria de las concesiones al llevar a cabo planes y proyectos, en un esfuerzo de consistencia con los Objetivos de Desarrollo Sustentable, Así, se destaca el compromiso de asegurar que las iniciativas públicas que se pongan en marcha a través de los mecanismos de asociación público-privada, antes que nada, contribuyan a disminuir la pobreza en un sentido integral.

Para que esto sea posible, es fundamental considerar el efecto en el crecimiento de la economía que estas iniciativas debieran tener, asumiendo a vez las correspondientes consideraciones ambientales. No basta con cumplir con la normativa; es necesario que las inversiones aporten a una nueva economía sustentable en el tiempo y que sus impactos contemplen la inclusión como un objetivo principal, para que todos puedan acceder a los beneficios de las inversiones en infraestructura. Junto con un compromiso fehaciente por la transparencia.

La contribución del sector privado a más y mejor infraestructura pública no debe perder de vista que se hace a partir de servicios públicos que son evaluados por la comunidad en función de sus prestaciones, pero también desde la perspectiva de las rentas que generan.

Evaluar cómo estas consideraciones fundamentales puedan implementarse en Chile para la industria de concesiones sería un primer paso hacia mejorar su imagen. Impulsar esta reflexión es tarea tanto de las empresas del sector, como de las autoridades a cargo de promover la inversión privada en infraestructura pública. No hacerlo significa disponerse a cada vez mayores cuestionamientos que pueden derivar en una depreciación extrema de esta industria, que tanto le ha dado a Chile y con tanto potencial futuro.